Registro de un menor bajo la nueva ley de ciudadanía italiana

Por el Avv. Michele Vitale

He recibido muchos comentarios recientemente sobre mis publicaciones acerca del registro de menores bajo la nueva ley. Agradezco a todos los comentaristas sus preguntas y contraargumentos, ya que me permiten profundizar en un tema tan nuevo y complejo, e intentar aclarar el fundamento estratégico de mis consejos. Quiero ser muy claro desde el principio: no afirmo que la interpretación que he esbozado sea la única lectura “correcta” de esta ley. Al contrario, todo mi análisis es un intento de navegar por un texto legislativo que, debido a las motivaciones políticas y a la prisa con que se aprobó, resulta profundamente ambiguo, a veces críptico y, en algunos aspectos, casi incomprensible. Un verdadero laberinto (“ginepraio” en italiano).

La dificultad principal radica en conciliar el carácter vinculante de una ley tan importante y de tan gran alcance con los principios constitucionales fundamentales que parece vulnerar en múltiples frentes. Esta tensión inherente es la que da origen a múltiples interpretaciones contrapuestas.

La interpretación que he propuesto es, por tanto, solo una de las varias opciones. Considero que es la más prudente y estratégicamente sólida porque se ciñe a una lectura literal y rigurosa del texto (“interpretazione letterale”). En nuestro sistema jurídico, este enfoque ofrece la mayor garantía de mantenerse en el tiempo y es el menos susceptible de ser impugnado con éxito por las autoridades administrativas o judiciales que deban juzgar nuestro caso.

Esto no niega, por supuesto, la existencia de otras interpretaciones. Es muy posible que la interpretación mayoritaria adoptada por los jueces y las oficinas administrativas sea diferente, y tal vez más favorable, que la literal que propongo. Un ejemplo perfecto de ello es la interpretación amplia ofrecida por la Dra. Tiziana Piola de ANUSCA, que detallé en un artículo anterior del blog, sugiriendo que el plazo de 2026 para la “Declaración de Voluntad” podría aplicarse a todos los menores.

El núcleo de este argumento favorable es que, si las letras a) y b) del Artículo 3-bis no protegen a quienes ya tienen el reconocimiento, la cláusula de exclusión principal de la ley (“se considerará que nunca la han adquirido…”) conduciría al resultado absurdo e inconstitucional de retirar la ciudadanía a quienes ya son, legalmente, italianos. Por tanto, para mantener la coherencia jurídica, las letras a) y b) deben interpretarse como una red de seguridad para cualquiera que haya completado con éxito el proceso de solicitud.

Sin embargo, considero preferible adoptar la interpretación más prudente posible, aunque parezca restrictiva. El riesgo de confiar en interpretaciones más generosas es que podrían, tarde o temprano, ser rechazadas por un funcionario que decida ceñirse estrictamente a la letra de la ley. Ante la tendencia generalizada de las instituciones italianas a aumentar las restricciones en esta materia, se trata, por desgracia, de un riesgo muy real. Por tanto, la estrategia que aconsejo está diseñada para tener éxito incluso bajo el examen más riguroso posible.

1. Un cambio fundamental: Del ius sanguinis automático al “beneficio de la ley” condicional

El cambio más crítico introducido por la nueva ley, que los consejos habituales suelen pasar por alto, es que los hijos menores nacidos en el extranjero de un progenitor con ciudadanía italiana ya no adquieren la ciudadanía automáticamente al nacer por ius sanguinis. En su lugar, ahora la adquieren “por beneficio de la ley” (per beneficio di legge), tal como se establece en el nuevo Artículo 4, apartado 1-bis, de la Ley 91/1992. Se trata de un cambio fundamental en la doctrina jurídica. Significa que la ciudadanía ya no es un derecho automático de nacimiento, sino un derecho que se concede únicamente después de que se cumplan condiciones legales específicas. Crucialmente, la adquisición de la ciudadanía no tiene efectos retroactivos desde el momento del nacimiento, sino futuros, desde el día siguiente al cumplimiento de estas nuevas condiciones. Esto hace que el cumplimiento puntual y correcto de los nuevos procedimientos sea absolutamente esencial para lograr registrar a un menor.

2. La estrategia prudente: Una interpretación literal respaldada por tres argumentos convergentes

Repasemos la estrategia prudente basada en una interpretación literal y restrictiva de la redacción del legislador. Existen tres argumentos sólidos y convergentes.

Argumento 1: La distinta redacción para diferentes beneficiarios

La prueba más contundente proviene de la comparación directa del texto que define a los beneficiarios de cada norma:

• La norma general (Art. 4, apartado 1-bis): Se aplica al hijo menor “del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita” (“del cual el padre o la madre son ciudadanos por nacimiento”). Se trata de una categoría amplia, sencilla y general.
• La norma transitoria (Art. 4, apartado 1-ter(2)): Se aplica, con su fecha límite en 2026, únicamente a los menores que son “figli di cittadini per nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b)” (“hijos de ciudadanos por nacimiento según el Artículo 3-bis, párrafo 1, letras a), a-bis) y b)“).

No se trata de una variación menor; es una distinción jurídica fundamental que define a dos públicos completamente diferentes. El legislador añadió intencionadamente la referencia cruzada específica a las excepciones del Artículo 3-bis en la norma transitoria. Si la verdadera intención hubiera sido ampliar el plazo de 2026 a todos los casos, el legislador habría utilizado simplemente la misma fórmula amplia y general de la norma permanente. El hecho de que no lo hiciera, y en su lugar optara por añadir una cláusula limitativa específica, deja clara su intención.

Argumento 2: La distinción deliberada entre “ciudadanos” y “personas”

Un análisis textual detallado de toda la reforma revela otra distinción deliberada. Cuando la ley quiere referirse a aquellos cuyos derechos **ya estaban establecidos y consolidados**, utiliza sistemáticamente el término **”cittadini” (ciudadanos)**. El propio nuevo Artículo 4, apartado 1-bis, comienza refiriéndose al hijo de un “padre o la madre [che] sono cittadini per nascita.” Esto presupone una situación jurídica reconocida previamente.

Por el contrario, cuando la ley se dirige a personas con un **derecho potencial que aún no han completado el proceso de reconocimiento**, utiliza términos más genéricos como **”persone” (personas)**, **”straniero” (extranjero)** o **”chi è nato all’estero” (el nacido en el extranjero)**. Esta es precisamente la redacción de la cláusula de exclusión principal del Artículo 3-bis. Esta terminología sugiere firmemente que el Artículo 3-bis se dirige a “personas” cuya ciudadanía está en entredicho, y no a revaluar la situación de “ciudadanos” ya reconocidos.

Argumento 3: La intención del legislador (El argumento teleológico)

Esta lectura literal viene respaldada por el expediente parlamentario oficial (A.S. n. 1432-A). El análisis del expediente aclara que la intención del legislador era gestionar las solicitudes pendientes, no revaluar la situación de aquellos cuyos derechos ya estaban consolidados. Habla reiteradamente de proteger la “aspettativa” (expectativa legítima) de quienes se habían “attivato” (activado) presentando una solicitud. Una persona que ya es un ciudadano reconocido no tiene una mera “expectativa”, sino un derecho subjetivo consolidado (diritto soggettivo perfetto). Este análisis de la intención del legislador, unido a los dos argumentos textuales anteriores, hace que la interpretación restrictiva sea la más sólida jurídicamente.

El trámite legal omitido: La “Dichiarazione di Volontà” formal y presencial

Es fundamental recordar también que el propio proceso ha cambiado. Ya no basta con “ponerse en contacto con el consulado”. La nueva ley exige una “Dichiarazione di Volontà” (Declaración de Voluntad) formal y conjunta por parte de ambos progenitores. Se trata de un acto jurídico formal, y la propia Circular de desarrollo del Ministerio aclara su solemnidad, señalando que tales declaraciones:

“deben ser formales y realizarse en persona, ante el delegado para el ejercicio de las funciones de estado civil.”

Esta indicación expresa establece la necesidad de una comparecencia presencial ante un funcionario cualificado, un requisito mucho más riguroso que una simple solicitud por correo postal. Omitir este paso al registrar a un menor podría dar lugar al rechazo de la solicitud.

Conclusión: La vía estratégica recomendada

Ante este panorama complejo y de incertidumbre jurídica, la estrategia recomendada debe estructurarse en fases para garantizar el mejor resultado posible:

1. La vía más segura: Se debe intentar completar el registro del menor bajo el **plazo de un año del Artículo 4, apartado 1-bis**, siempre que sea factible. Este enfoque evita cualquier posible interpretación administrativa errónea del más complejo Art. 3-bis y es la ruta más directa hacia el éxito sin necesidad de litigio.
2. Vías secundarias alternativas: Si la solicitud bajo la vía #1 es cuestionada, rechazada o resulta imposible de formalizar (por ejemplo, por no conseguir cita), se debe intentar seguir la vía de interpretación alternativa, argumentando que se encuentra bajo la protección del Art. 3-bis, letras a) o b).
3. La demanda judicial: Si ambas vías administrativas resultan inviables o son denegadas, se procederá a presentar una demanda judicial argumentando que:
   • En primer lugar, se siguió el procedimiento correcto según la norma específica (lex specialis) del Art. 4, apartado 1-bis.
   • En segundo lugar, se encuentra bajo la protección de las excepciones del Art. 3-bis, al ser un progenitor que completó con éxito el proceso de solicitud en el pasado.
   • En tercer lugar, se impugnará la constitucionalidad de la ley por haber privado con efecto retroactivo a la familia de un derecho que ya había adquirido.