6 Nuevas Sentencias de los Tribunales de Bolonia y Brescia: Una lectura sin falso optimismo
Escribo como abogado que sigue el reconocimiento de la ciudadanía italiana iure sanguinis desde hace años —y lo hago ahora porque en las últimas semanas he leído comunicaciones que, en mi opinión, corren el riesgo de crear expectativas que sencillamente no pueden sostenerse en los tribunales.
Los hechos, primero.
El 27 de marzo y el 30 de abril de 2026, el Tribunal de Brescia (Jueces Andrea Tinelli y Alessandro Pernigotto) dictó 5 sentencias idénticas en su parte dispositiva, relativas a 5 peticiones distintas —todas depositadas formalmente en abril-mayo de 2025— es decir, después de la entrada en vigor del Decreto-Ley n.º 36 de 28 de marzo de 2025 (el llamado “Decreto Tajani”, posteriormente convertido en la Ley 74/2025).
En los 5 casos, el juez:
- consideró aplicable el artículo 1, párrafo 1 del Decreto-Ley n.º 36/2025;
- señaló que la Corte Constitucional ya había confirmado la legitimidad constitucional de la ley, declarando las cuestiones planteadas por el Tribunal de Turín parcialmente infundadas y parcialmente inadmisibles;
- rechazó las peticiones porque los solicitantes no cumplían con los requisitos sustantivos impuestos por la nueva legislación;
- ordenó a la parte perdedora (los solicitantes) el reembolso de las costas judiciales a la Abogacía del Estado (aproximadamente 4.000 €) en un caso y compensó las costas judiciales entre las partes en los otros cuatro casos.
El razonamiento es directo y deja poco margen de interpretación: la fecha relevante es la fecha de depósito formal de la demanda judicial —no una cita consular, un correo electrónico, una captura de pantalla de Prenot@Ami o cualquier otro acto informal que la preceda. El abogado patrocinador del caso confirmó haber depositado varias capturas de pantalla de Prenot@Mi en 4 de los 5 casos analizados (todavía no he tenido la oportunidad de verificar el quinto).
Un desarrollo adicional y significativo: el Tribunal de Bolonia.
Desde que publiqué mis observaciones iniciales sobre las sentencias de Brescia, ha salido a la luz una nueva e importante decisión —esta vez del Tribunal de Bolonia, que merece atención específica precisamente porque aborda directamente una teoría que circulaba.
Muchos recordarán que un fallo favorable de ese mismo Tribunal de Bolonia (sentencia n.º 3335/26 de 17 de abril de 2026), circuló como prueba de que el reconocimiento pos-reforma seguía siendo posible cuando los solicitantes hubieran manifestado claramente su intención de continuar, pero no hubieran podido conseguir una cita consular por razones ajenas a su control.
La nueva sentencia de Bolonia, compartida por colegas de renombre en el grupo de la asociación Natitaliani, va en la dirección opuesta —y lo hace de forma explícita.
El juez:
- aplica la estricta lectura literal de la ley, aclarando que solo una demanda judicial formal (Art. 3-bis, let. b), o una solicitud administrativa formal acompañada de la documentación requerida (Art. 3-bis, let. a y a-bis), pueden constituir un acto válido bajo las disposiciones transitorias;
- excluye expresamente capturas de pantalla de Prenot@Ami, solicitudes de información y cualquier otro intento de acceder al sistema consular del ámbito de protección del régimen anterior;
- rechaza el argumento del bloqueo consular: el juez señala que la jurisprudencia consolidada reconoce desde hace mucho tiempo el derecho a demandar directamente ante el poder judicial sin necesidad de solicitud administrativa previa, lo que significa que un solicitante que se enfrentaba a la parálisis administrativa tenía una vía alternativa clara y disponible —y no puede invocar ahora esa parálisis como excusa.
Este último punto es particularmente significativo y ha sido poco valorado en el debate hasta ahora. La imposibilidad de reservar un turno consular no crea, en opinión de este juez, una situación legalmente protegida —porque la vía judicial siempre estuvo abierta.
Sobre el argumento de Prenot@Ami.
Hace tiempo circula una teoría: que cualquier persona que hubiera reservado —o incluso solo intentado reservar— una cita consular antes del 27 de marzo de 2025 estaría a salvo de la aplicación del Decreto. Esta lectura no encuentra ningún apoyo en las sentencias de Brescia. La decisión de Bolonia ahora va más allá y la aborda directamente, descartándola de manera explícita. El juez no trató los intentos de reserva consular como un equivalente legal a una solicitud formal. Aplicó la ley tal como está escrita.
No estoy diciendo que el tema esté definitivamente cerrado en todos los niveles judiciales. Existen vías más complejas —incluidos los procesos actualmente pendientes ante el Tribunal de Casación y, por supuesto, la Corte Constitucional— que podrían abrir escenarios diferentes. Pero se trata de instrumentos técnicos y selectivos que aún no han sido aprobados por los tribunales y que, ciertamente, no están disponibles hoy.
Lo que siento que puedo decir claramente.
Si presentó o tiene la intención de presentar una demanda judicial después del 28 de marzo de 2025, tanto las decisiones de Brescia como ahora la decisión de Bolonia describen exactamente el riesgo que asume. Discuta con su abogado si existen, en su caso específico, argumentos defensivos concretos —no base su decisión en interpretaciones generales llenas de optimismo que aún no han encontrado respaldo en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios.
Si aún está considerando si debe continuar, hágalo basándose en un asesoramiento legal real, apoyado en la jurisprudencia actual y actualizada, no en garantías vagas —y ciertamente no sobre la base de un solo fallo favorable de un tribunal que ahora, en un caso separado, ha emitido una decisión que apunta en la dirección opuesta.
Las sentencias son públicas. Los datos son los que son.
